El pasado 12 de febrero se ha
publicado en el BOE, una resolución de la Tesorería de la Seguridad Social, que
ha pasado bastante inadvertida, y, sin embargo va a tener una repercusión
importante en la vida de las empresas españolas, sobre todo en las pymes.
Se trata del embargo, hasta ahora
limitado a 6.000 Euros, que la Seguridad Social podrá realizar a aquellos que
tengan deudas pendientes con dicho organismo.
El límite desaparece,
por lo que a partir del 1 de marzo de 2013, es decir, desde el pasado viernes, los embargos telemáticos de las cuentas
abiertas en las entidades financieras será ILIMITADO, por los conceptos
de principal, recargos, intereses y costas.
Esta medida, como tantas otras
que se han venido tomando, y, que seguramente se seguirán tomando, tiene como
único fin recaudar lógicamente, pero también acabar con determinados abusos,
fuere por acción u omisión que hasta ahora se venían realizando, además de la
gran mayoría de empresas que simplemente no pagan ni pagan, porque no tienen
recursos financieros suficientes para hacerlo, y, que a pesar de una situación,
que financiera y patrimonialmente es, va más allá de la situación transitoria
de falta de liquidez, en muchos casos se mantienen por el espíritu de lo/as
empresario/as, que contra toda lógica y ortodoxia financiera, tratan de
mantener a flote un barco, que también, en muchos casos, hace agua por todos
los lados.
No nos damos cuenta, o, no
queremos darnos cuenta, que no sólo estamos ante la peor crisis, posiblemente
de la historia reciente de nuestro país y entorno, sino que estamos ante un
cambio de paradigma y valores que nos afectan personal y profesionalmente a
todos.
Por otro lado, es inaudito que la
Tesorería de la Seguridad Social, recargue con un 20% sobre el principal no
pagado a su vencimiento, tanto si el retraso es de un día, como si fuera de un
año, más allá del interés de demora aplicado. Si las Administraciones Públicas
quieren, y es lógico que así sea, que los contribuyentes cumplamos con nuestra
obligación en tiempo y forma, deben aplicar un criterio de equidad, en función
del incumplimiento.
El caso de la Seguridad Social es
un claro ejemplo, pero también lo son otros muchos organismos de la
administración pública. Por ejemplo, un contribuyente tiene un error en su declaración
de IVA, por la razón que fuere, en las operaciones intracomunitarias sólo se
incorpora la base y no así la cuota. Es un mero error numérico, que no hace
efecto en el resultado de dicha declaración, y una vez que dicho contribuyente
se da cuenta de dicho error, procede a corregirlo en forma inmediata, y en
pocos días recibe una propuesta de sanción de 100 Euros, que reduce en un 25%,
quedando en 75 Euros, por un mero error numérico. Error, que si las
declaraciones telemáticas estuvieran correctamente diseñadas, ya debería
advertir de este tipo de errores, ahorrándole al contribuyente una sanción, y a
la administración unos costes administrativos inmensos en relación al error y a
la consecuencia del mismo.
Por lo tanto, las empresas, los
profesionales, los ciudadanos en general debemos modificar nuestras actitudes y
nuestras mentalidades con respecto a las administraciones públicas, y sobre
todo respecto a los tributos e impuestos, y ser más exigentes con nosotros mismos,
con nuestros asesores, pero también con las propias AAPP; mientras que éstas
últimas deben incorporar el criterio de equidad y justicia tributaria y
sancionadora en relación al tipo de error, impago, fraude, etc., pero también
facilitar la gestión de toda la burocracia que nos exigen, cuyo coste es
inmenso para el ciudadano en general y para las empresas y profesionales en
particular. Para ello, deben arbitrar los medios necesarios, para facilitar la
labor de aquellos que debemos cumplir con el Estado a través de sus distintos
niveles, y, a veces, lo que se nos da, no son soluciones o medios para
facilitar una labor que en realidad es de la Administración, sino que logran el
efecto contrario: complicar la actividad y la labor de aquellos que son los que
producen riqueza para la sociedad.
Es la Administración y el Estado en general,
los que deben estar al servicio de los ciudadanos, y no a la inversa. El estado
es el gestor de los fondos públicos, que pertenecen a la sociedad, nunca el
propietario de los mismos, y, si realmente quiere una mejora en dicha gestión, facilítennos
el trabajo diario y, por favor, no nos lo compliquen más, en burocracia, que
solo genera gasto y nulo valor para esa sociedad, a la que teóricamente dicen
servir las administraciones públicas.
Si nos facilitan la labor,
seguramente la gestión y la recaudación mejorarán notablemente, caso contrario,
dará igual que publican resoluciones, órdenes ministeriales, decretos, leyes o
lo que se le ocurra, así como embargos y otras formas coercitivas para
conseguir su objetivo, porque no lo lograrán, y en todo caso, la cooperación
del ciudadano será cada vez menor.
Hay que cambiar, pero el cambio
lo debemos asumir todos, comenzando por la gestión del estado, en TODOS sus niveles, en todas las administraciones,
y así, a todos nos será más fácil, incluso pagar impuestos…
Nuestras empresas, los ciudadanos
en general, estamos agotados, angustiados, por falta de empleo, por la
incertidumbre, por el desempleo, por la falta de liquidez, por no disponer de
medios y formación adecuada para hacer frente al cambio de Paradigma que se
está produciendo… Por eso, necesitamos una Administración Pública “amable”, que
sin renunciar a su cometido, si acometa también una serie de reformas muy
importantes, para facilitar su labor, pero también la nuestra, que al fin y al
cabo, como ya indiqué anteriormente, somos los puntales del estado.
J.M.Canedo Iglesias
Marzo 3, de 2013
